La defensa de Santiago Busaniche requiere la citación del ex administrador de la Corte Suprema tras las menciones de un imputado colaborador. El pedido incluye el secuestro de dispositivos electrónicos y la dispensa del juramento de decir verdad.
La defensa de Santiago Busaniche requiere la citación del ex administrador de la Corte Suprema tras las menciones de un imputado colaborador. El pedido incluye el secuestro de dispositivos electrónicos y la dispensa del juramento de decir verdad.
En el marco de la investigación penal que aborda una presunta trama de extorsión y corrupción sistémica en la jurisdicción de Rosario, la defensa técnica de Santiago Busaniche ha formalizado un pedido de citación para Héctor Daniel Marchi, quien se desempeñó como administrador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el año 2023. El requerimiento surge a partir de las declaraciones de Carlos Vaudagna, ex director regional de la AFIP, quien, bajo la figura de “arrepentido”, señaló a Marchi como un presunto articulador de presiones desde Buenos Aires.
La solicitud, impulsada por los abogados Diego Pirotta y Débora Lichtmann, se fundamenta en la ampliación de la declaración indagatoria de Vaudagna realizada en octubre pasado. Según el ex funcionario impositivo, Marchi habría tenido un rol activo en el impulso de una maniobra extorsiva dirigida contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en el año 2019.
La estrategia de la defensa de Busaniche —acusado de instigar el allanamiento ilegal, falsificación de documentos y cumplimiento irregular de deberes— busca contrastar la versión de los imputados colaboradores con el testimonio directo del ex administrador. Un aspecto procesal relevante del pedido es la solicitud de que Marchi sea eximido del juramento de decir verdad, una medida excepcional que se aplica cuando existe la posibilidad de que el testigo pueda verse comprometido por sus propios dichos, además de requerir el secuestro de su teléfono celular para peritajes técnicos.
Contador público de profesión y oriundo de Rafaela, Marchi consolidó una carrera de alto perfil técnico-político. Tras su paso por la gestión de Jorge Obeid en la provincia de Santa Fe, accedió en 2003 a la Secretaría de Administración de la Corte Suprema, cargo que ocupó durante quince años. En dicha posición, tuvo bajo su órbita la gestión de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación. Su salida del máximo tribunal se produjo en 2023, en un contexto de reestructuración interna que generó diversas lecturas en el ámbito judicial.
La investigación principal analiza el presunto armado de causas judiciales para obtener beneficios económicos. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público Fiscal, el ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y el financista Fernando Whpei —ambos procesados con prisión preventiva— habrían coordinado acciones con Vaudagna y Busaniche para presionar a empresarios locales.
Vaudagna relató que el plan se habría gestado durante un encuentro en el domicilio del ex magistrado. En este esquema, Busaniche es señalado como el nexo que solicitaba celeridad en los informes de la AFIP necesarios para dar apariencia de legalidad a los allanamientos. Por su parte, Whpei admitió ante la justicia haber percibido pagos por un total de 160.000 dólares destinados a paralizar las actuaciones judiciales contra las víctimas del chantaje.
Eje de la defensa: Los abogados defensores sostienen que la fiscalía ha omitido convocar a Marchi a pesar de las menciones explícitas en el expediente. Consideran que su testimonio es vital para “desbaratar la acusación” y demostrar que las imputaciones contra su asistido carecen de sustento fáctico.
El pedido de la defensa no se limita a Marchi. También se ha solicitado la comparecencia de Ricardo Silberstein, ex ministro de Justicia de Santa Fe, a quien Vaudagna mencionó como un presunto interesado en el perjuicio de Claudio Iglesias en el marco de una disputa interna en una empresa aseguradora. Silberstein ha desestimado públicamente cualquier vinculación con los hechos, calificando las alusiones como “incomprensibles”.
Finalmente, el tribunal deberá resolver sobre la procedencia de estas pruebas, mientras se aguarda la resolución de la Cámara de Casación sobre los pedidos de recusación contra los fiscales y los planteos de nulidad de la causa presentados por la defensa de Busaniche. El desenlace de estos pedidos testimoniales marcará el rumbo de una etapa de control probatorio que amenaza con escalar a las esferas más altas de la administración judicial nacional.
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